jueves, 1 de junio de 2017

Caso Villa

La investigación sitúa a las familias de Villa y Postigo como cómplices en el blanqueo

La 'Operación Hulla', que tiene como principal gallina de los huevos de oro las obras de construcción del geriátrico de Felechosa, propiedad del Montepío de la Minería, se extiende ya a las familias de los dos principales acusados: el exsecretario general del SOMA, José Ángel Fernández Villa, quien levantó las sospechas de la Fiscalía Anticorrupción tras proceder a la regularización de 1,2 millones de euros en la amnistía de 2012 y el expresidente de la mutualidad, José Antonio Postigo, quien blanqueó, junto a una de sus hijas, otros 360.000 euros.

La familia de Villa, al completo, fue citada ayer por la titular del Juzgado de Instrucción número 3 para ser interrogada por su participación o conocimiento de los presuntos hechos delictivos investigados por la Fiscalía Anticorrupción desde 2013. Hechos que podrían explicar el enriquecimiento supuestamente ilícito del exsindicalista y de su mano derecha, pero también de los empresarios que participaron en la ejecución de estas obras financiadas con fondos mineros y que, igualmente, fueron detenidos en el operativo del pasado martes.

La mujer de Villa, María Jesús Iglesias, así como sus hijos, Ángela y Rolando Fernández, ya habían pasado el mal trago en la tarde del martes al tener que atender el requerimiento de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) en las dependencias de la Guardia Civil y ayer lo hacían en sede judicial al filo de las diez de la mañana. La magistrada tardó en recibirlos casi una hora en la que estuvieron arropados en todo momento por su abogado, Ricardo Álvarez-Buylla y la procuradora de Ana García Boto, pero las tres comparecencias se resolvieron en apenas veinte minutos porque todos ellos se acogieron a su derecho a no declarar. El hecho de que se haya decretado secreto de sumario y de que las partes aún no conozcan al detalle los hechos por los que se les imputa podría haber sido utilizado como alegato por su letrado para eludir esta comparecencia, como también la del pasado miércoles en sede policial, pese a que es público que Rolando Fernández ocupó el cargo de director del centro geriátrico por designación de Postigo. Ninguno quiso hablar dentro, pero tampoco fuera, donde una nube de medios de comunicación les esperaba.
360.000 euros
La Fiscalía Anticorrupción ha confirmado que entre los investigados por esta operación están también miembros de la familia de José Antonio Postigo que, en conjunto, regularizó 360.000 euros en la amnistía. Son, de hecho, varias las personas del círculo más íntimo de Postigo las que tuvieron relación directa con esta residencia o con otros equipamientos del Montepío de la Minería. Una de sus hijas, Patricia, fue empleada del área de Administración del geriátrico y a su nombre se regularizaron 60.000 euros en la amnistía. La otra hija, Elena, trabajó en la empresa de Alcedo de los Caballeros, cuyo principal encargo fue, precisamente, la construcción del macrogeriátrico de Felechosa y cuyo propietario, Juan Antonio Fernández, es uno de los detenidos. E incluso la última mujer de Postigo, Dorina Bischer, fue directora del complejo vacacional de Los Alcázares, en Murcia.
El propio Postigo, que fue detenido el pasado martes en Murcia, donde reside, llegó a las dependencias del Instituto Armado en la capital asturiana en torno de las cuatro de la tarde, donde habían pasado la noche los otros tres detenidos en el marco de esta operación: el exasesor del Montepío, José Manuel Fernández; el constructor de la obra del geriátrico de Felechosa que gestiona esta entidad, Juan Antonio Fernández, y el arquitecto, Manuel Sastre. Todo apunta a que, al menos los dos últimos, se acogieron a su derecho a no declarar. Los cuatro pasaron la noche de ayer en el cuartel de Rubín y se espera que entre hoy y mañana pasen a disposición judicial.
José Ángel Fernández Villa, principal acusado de la trama, es el único que permanece en su domicilio, en principio por su estado de salud, y por el momento no ha declarado, aunque el juzgado de instrucción tiene intención de que lo haga en las próximas horas pese a que se espera que su abogada, Ana García Boto, tratará de evitarlo aduciendo trastornos de memoria. Tendrá difícil convencer esta vez a la jueza después de que, en el juicio paralelo en el que está encausado por un delito de apropiación indebida, lo hiciera de forma totalmente lúcida. La jueza tratará de esclarecer si, tal y como sospecha la UCO, buena parte de la fortuna oculta del exlíder sindical y del enriquecimiento de sus cómplices procede de certificaciones falsas realizadas en los trabajos de construcción de aquella residencia, iniciados en 2009 y concluidos en 2012 con su importante sobrecoste. Fuentes cercanas al caso aseguran que la residencia geriátrica es solo la punta del iceberg de una trama que puede tener muchas otras derivaciones, incluso política, y que podría resolverse con decenas de investigados.